🇪🇸 Ley de Extranjería en España

La ley de extranjería en España es la Ley Orgánica 4/2000, de fecha once de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, cambiada por las LO 8/2000, 14/2003 y 2/2009.

Dicha norma regula la entrada y estancia de personas extracomunitarias al territorio nacional, como los derechos y libertades que se les reconocen. El actual Reglamento de desarrollo fue aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de treinta de diciembre.

La ley consta de 71 artículos que han sido organizados en 5 capitulos.

  • Capitulo preliminar: Contiene las disposiciones generales
  • Capitulo uno: Derechos y libretades de los extranjeros
  • Capitulo dos: Régimen jurídico
  • Capitulo tres: Infrancciones y lo concerniente a meterias de extranjeria
  • Capitulo cuatro: Procedimiento sancionador
  • Capitulo cinco: Coordinación de los poderes públicos

 

Normativa de extranjería en España

España ha sido un país de emigración, con lo que la legislación ha estado focalizada en dicho campo, al tiempo que la legislación en lo referente a la extranjería no erá muy extensa. El primer intento de mitigar esto se dio con la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros, que fue bastante criticada por la actividad policial en el fenomeno migratorio, su regulación restrictiva en materia de derechos de los extranjeros y la deficiente técnica legal que mostraba.

En el momento de la implantación a España le faltaba muy poco para entrar en la Comunidad Europea, y trataba de no ser puerta de entrada al continente. Ciertas organizaciones sociales denunciaron que se trataba de la regla más dura de Europa. La Ley fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, resuelto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987, de siete de julio, que anuló múltiples preceptos de la regla y marcó un cambio de la doctrina constitucional en materia de extranjería cara una línea más progresista. Las deficiencias de la Ley y la transformación del fenómeno migratorio en España a finales de los ochenta y a continuación en los noventa mostró la necesidad de una nueva ley que se adaptara a los nuevos tiempos.

La reforma se generó por la Ley Orgánica 4/2000, que es la que, tras sufrir diferentes modificaciones, está en vigor actualmente. Esta Ley supuso un cambio esencial, al introducir políticas de integración, ampliar los derechos de los inmigrantes y establecer un principio general de igualdad con los españoles.

 

Los mejores abogados en materia de Extranjería en Gran Canaria

Los mejores abogados en materia de Extranjería en Gran Canaria

 

Derechos y libertades

El artículo tres se estrablece la regla general de relación a los derechos de los extranjeros, la cual establece que ejercitarán los derechos reconocidos en la Constitución de España en los términos establecidos en la ley de extranjería y los tratados internacionales, interpretados conforme con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados actuales sobre derechos humanos. Si no existiese regla concreta, se comprenderá que los extranjeros ejercitan sus derechos en igualdad de condiciones con los españoles.

 

Clasificación de los derechos

La doctrina del Tribunal Constitucional ha acotado progresivamente tres conjuntos de derechos en lo que se refiere al alcance de su reconocimiento a los extranjeros.

  1. Existen derechos que corresponden a extranjeros y españoles en idénticos términos, por el hecho de que su respeto es esencial para la dignidad humana. Es el caso del derecho a la vida y a la integridad física y ética, a la intimidad personal y familiar, a la libertad ideológica, religiosa y de culto o bien la tutela judicial eficaz, entre otros muchos. En este sentido, la Ley reconoce una serie de derechos a todos y cada uno de los extranjeros con independencia de su situación administrativa, como:
    1. Derecho a la documentación, que es asimismo un deber
    2. Derecho de asistencia sanitaria de emergencia, plena a anotados en el padrón municipal, los menores y las embarazadas a lo largo del embarazo, parto y posparto
    3. Derechos de acceso a la enseñanza obligatoria,
    4. Servicios sociales básicos
    5. Tutela judicial eficaz y la asistencia jurídica gratis.
  2. Con relación a un segundo conjunto de derechos, el legislador puede, en el respeto a un contenido mínimo garantizado por la Constitución, establecer condicionamientos auxiliares al ejercicio por la parte de extranjeros. Este condicionamiento se plasma en la demanda de estar en situación administrativa regular para poder ejercer los derechos. Los derechos de libre circulación, asamblea y manifestación, asociación, al trabajo y la Seguridad Social, de sindicación y de huelga se reconocen a los extranjeros que estén en situación legal de estancia o vivienda. Los derechos a la educación no obligatoria, ayudas en materia y también residencia y también a la intimidad y reagrupación familiar se reconocen solo a los extranjeros residentes.
  3. La titularidad y ejercicio del tercer conjunto de derechos está solamente reservado a los españoles: se trata de los derechos políticos. Se excluye el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, donde va a poder concederse el derecho por tratado o bien por ley atendiendo a criterios de reciprocidad.

En virtud de su materia cabe ordenar los derechos reconocidos por el régimen general de la ley de extranjería en 4 grandes grupos:

  1. Derechos en el ámbito personal, como el derecho y deber de documentación, el derecho de libre circulación, a la educación y a la reagrupación familiar.
  2. Derechos políticos, esencialmente el derecho de participación en los temas públicos.
  3. Derechos del campo económico y social, como las libertades de asamblea, manifestación y asociación o bien el derecho de ayudas en materia de residencia y el de trasferencia de fondos.
  4. Derechos del campo laboral: derecho al trabajo, a la protección social y los derechos colectivos laborales, como los derechos de sindicación y huelga.

 

Derechos concretos
Hay determinados derechos que tienen como único sujeto a los inmigrantes o bien que tienen una regulación concreta o relevancia singular en derecho de extranjería. Entre ellos, se puede destacar el derecho/deber a la documentación, el derecho a la reagrupación familiar y el derecho a la trasferencia de fondos.

 

Derechos concretos más esenciales son:

  • Ser tratado con respeto y dignidad
  • Ser informado de todos y cada uno de los cargos presentados y conseguir garantía de una resolución veloz y justas en cada caso.
  • Ser notificado, bajo demanda, de cambios occurridos en la condición del acusado
  • Ser escuchado en las resoluciones a tomar en lo que se refiere a audiencias de pedidos de misericordia, libertad condicional y sentencias
  • Restitución u otra solución de compensación moneteria
  • Devolución de efectos personales que no sean necesarios como evidencia
  • Recibir información de los pasos a dar en el caso de acoso o intimidación
  • Ser notificado de los acciones finales de un caso, incluso de procedimientos de apelación

 

Derechos y obligaciones a la documentación

El artículo cuatro de la Ley recoge el deber del extranjero a conservar su documentación en vigor y el derecho a no ser privado de exactamente la misma. La documentación a que se hace referencia es la precisa para acreditar la propia identidad, la empleada para entrar en España o bien la que acredite su situación administrativa. Los documentos exigibles, por tanto, pueden ser variados: esencialmente, pasaporte o bien documento de viaje, visado o bien Tarjeta de Identidad de Extranjero. Con relación a la identificación de los extranjeros debe hacerse asimismo referencia al Número de Identidad de Extranjero, un número personal que se da a efectos de identificación.

La documentación puede ser objeto de control policial. El reglamento establece que los extranjeros deben enseñar los documentos que acreditan su identidad y situación en España si de esta manera es pedido por la autoridad que esté legitimada para hacerlo o bien por sus agentes. Este deber se basa en la protección de la seguridad ciudadana. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional da la potestad a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para estimar la necesidad de la medida siempre y cuando encaje en el marco del artículo veinte de la ley de protección de la seguridad ciudadana.

Con carácter inusual,11 un extranjero puede ser desprovisto de su documentación en ciertas circunstancias, solo por los poderes públicos autorizados y jamás por un particular.12

A instancias del Juez, si es condenado a una pena que suspenda o bien limite su libertad de vivienda o bien circulación, o bien si se prohíbe la salida de España del encausado en un proceso penal.
A instancias del Ministerio del Interior si se le limita el derecho al pasaporte, en el contexto de un estado de alarma, salvedad o bien lugar.
A instancias de la autoridad gubernativa, a lo largo de la tramitación del expediente sancionador en el que se haya elaborado propuesta de expulsión, entregándose un resguardo que acredite la medida adoptada.

 

Derecho a la reagrupación familiar

La reagrupación familiar es un derecho subjetivo que se vincula al derecho a la vida privada familiar. En razón del mismo, su titular puede pedir la concesión de un permiso de vivienda para ciertos familiares que la Ley configura como adjudicatarios del derecho. Es titular del derecho el extranjero que haya residido legamente en territorio Español por un periodo minimo de 12 meses y tenga autorización para residir otro año o más. Por su lado, son familiares reagrupables, esencialmente, el cónyuge, los hijos menores o bien incapacitados y los ascendentes que dependan a nivel económico del reagrupante. Estos familiares deben radicar fuera de España.

 

Régimen de entrada

El régimen de entrada de extranjeros en territorio nacional se regula en los artículos veinticinco a veintisiete de la Ley. España a tenido que adaptarse a la normativa Comunitaria Europea, al pertenecer a la misma. El Tratado de Ámsterdam comunitarizó estas materias y también incluyó en el Tratado de la Comunidad Europea un Título IV relativo a «Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas». Se han aprobado a este respecto ciertos Reglamentos Comunitarios, en especial con relación a los visados, y múltiples Directivas.

El Tribunal Constitucional ha afirmado, en su Sentencia 72/2005, de cuatro de abril, que la Constitución de España no reconoce como derecho esencial de los extranjeros el derecho de acceder al territorio de España, y que va a ser el legislador quien va a poder reconocerlo y condicionarlo al cumplimiento de ciertos requisitos. La entrada legal es un requisito indispensable para que la situación del extranjero sea de conformidad con la regla y pueda ejercer de forma plena todos y cada uno de los derechos que la Ley le reconoce.

El extranjero que desee entrar en España debe hacerlo por los pasos fronterizos habilitados y a lo largo de las horas de apertura establecidas. Si se accede al país desde un Estado del Espacio Schengen, al haberse suprimido los controles fronterizos, va a ser el extranjero quien deba declarar la entrada en el plazo de 3 días hábiles en cualquier comisaría del Cuerpo Nacional de Policía u Oficina de extranjería.

 

Además de esto, es necesario que se cumplan los próximos requisitos:

  • Titularidad del pasaporte, del título de viaje o del correspondiente documento nacional de identidad o incluso cualquier otro documento que se haya aceptado como válido en razón de pactos internacionales.
  • Titularidad del pertinente visado, si es exigible.
  • Justificación del objeto, condiciones de la estancia y de la posesión de medios de tipo económico suficientes para la estancia o la manera de adquirirlos.
  • Presentación, en su caso, de ciertos certificados médicos, o bien sometimiento a examen médico.
  • No estar sujeto a una prohibición de entrada, que puede derivarse, entre otros muchos, de una anterior expulsión o devolución.
  • No ser un peligro para la salud pública, orden público, la seguridad nacional o relaciones internacionales de España u otros Estados con los que España tenga un acuerdo en tal sentido.

Si se cumplen estos requisitos se estampará en el pasaporte el sello de control de entrada, a menos que exista una ley o acuerdo internacional que exonere de tal requisito, y se dejará el acceso. La denegación de entrada, de generarse, habrá de ser motivada. Se notificará al extranjero sobre los recursos que pueda interponer, el plazo y la autoridad compentente, como los derechos que le asisten a la asistencia de letrado e interprete en caso necesario.

 

Situaciones administrativas de los extranjeros contempladas en la ley de extranjería

Conforme al artículo veintinueve, los extranjeros pueden estar en situación de estancia o residencia. La estancia, con carácter general, tiene una duración máxima de 3 meses, salvo supuestos inusuales de prórroga y el régimen singular aplicable a los estudiantes. La vivienda podrá ser de caracter termporal o transcurridos cinco años en dicha circuntancia, considerarse de caracter permanente. A estas 2 situaciones administrativas debe añadirse la de tránsito.

Tránsito

El tránsito no acarrea la voluntad de continuar en el territorio nacional. Existen diferencias entre tránsito territorial, situación en la que se hallan aquellos extranjeros autorizados para desplazarse por el espacio Schengen desde un tercer Estado hasta otro que los acepte, y tránsito aeroportuario, en el que se deja continuar en la zona de tránsito internacional de un aeropuerto, a lo largo de escalas o enlaces de vuelos, sin acceder al territorio Español.

Con carácter general, a menos que esté prevista la no demanda, es preciso el visado para las dos clases de tránsito.

Estancia

Se encuentra en situación de estancia el extranjero que, sin ser titular de un permiso de residencia, está autorizado para continuar en España a lo largo de un máximo de 3 meses en un periodo de 6. La estancia se corresponde con una breve permanencia por motivos turísticos, de negocios o visita familiar. La estancia se autoriza a través del pertinente visado de estancia, a menos que el extranjero sea nacional de uno de los Estados a los que no se le demanda.

La ley llama asimismo como de estancia el régimen singular de los estudiantes, cuya permanencia puede ser considerablemente más prolongada.

 

  • Vivienda o residencia: La vivienda es la permanencia en territorio nacional por un tiempo superior a noventa días. Puede ser temporal (hasta 5 años) o permanente.

 

  • Vivienda o residencia temporal: La vivienda temporal tiene una duración mínima de noventa días y máxima de 5 años. La autorización se entrega mediante una autorización administrativa concedida en el marco de un procedimiento administrativo complejo, que concluye con la concesión del visado, salvo en los presuntos de vivienda por circunstancias inusuales. El acto de autorización puede tener un contenido diverso, dependiendo de la clase de vivienda de que se trate.
    • Sin efectuar actividades rentables (arts. treinta y cinco a treinta y siete): se pide personalmente por el extranjero frente a la administración de España en el exterior, siendo preciso acreditar que se dispone de medios de vida suficientes.
    • En razón de reagrupación familiar (arts. treinta y ocho a cuarenta y cuatro): se pide personalmente por el extranjero reagrupante frente a la administración de España. Va a deber aportar la documentación que pruebe los vínculos familiares con los extranjeros reagrupados, como una residencia conveniente y medios suficientes para sostenerlos. Concedida la autorización, el reagrupado debe pedir el visado frente a la administración de España en el país del que sea nacional, que vuelve a examinar el cumplimiento de los requisitos.
    • En supuestos inusuales (arts. cuarenta y cinco a cuarenta y siete), que entienden razones de protección internacional, razones humanitarias, de cooperación con la justicia o bien los diferentes supuestos de arraigo. La autorización de vivienda por razones de arraigo va a poder concederse a quien pruebe la permanencia en situación irregular de forma continuada a lo largo de 3 años así como su integración en España (arraigo social) o bien la existencia de vínculos familiares con otros extranjeros residentes (arraigo familiar), o bien la permanencia a lo largo de un par de años unido a la existencia de relaciones laborales a lo largo de por lo menos un año (arraigo laboral).
    • De cara al desarrollo de un trabajo por cuenta ajena de duración ilimitada (arts. cuarenta y ocho a cincuenta y cuatro): la petición inicial se efectuará por el empresario interesado, frente a la administración de España. La oferta habrá de ser compatible con la situación nacional de empleo, lo que quiere decir que los nacionales españoles o bien comunitarios tienen preferencia para ocupar el puesto ofertado. No están sujetos a esta obligación los extranjeros que cumplan uno de los requisitos establecidos en el artículo cuarenta de la Ley, ni los nacionales de Perú o Chile, en virtud de ciertos convenios internacionales.
    • De cara al desarrollo de un trabajo por cuenta ajena de duración limitada provisionalmente (arts. cincuenta y cinco a cincuenta y siete)
    • De cara al desarrollo de un trabajo por cuenta propia o como se le conoce, autonomo (arts. cincuenta y ocho a sesenta y dos): la petición se presenta por el extranjero frente a la oficina consular pertinente. Debe acreditar el cumplimiento de los requisitos que la legislación de España demanda a los nacionales para desempeñar la actividad que se planee efectuar, como la suficiencia de la inversión y la previsión de que el ejercicio de la actividad generará recursos económicos suficientes para el mantenimiento de la actividad y el sustento del interesado, desde el primer año.
    • De cara al desarrollo de un trabajo en el marco de posibilidades multinacionales de servicios (arts. sesenta y tres a sesenta y siete)
    • De cara al desarrollo de un trabajo por aquellas personas exentas de la autorización de trabajo (arts. sesenta y ocho a setenta)

 

  • Residencia permanente: Con dicha autorización, el extranjero puede residir en España indefinidamente. Lleva asimismo aparejado el permiso para trabajar en condiciones de igualdad con los españoles. La categoría está promovida desde el campo comunitario europeo, mediante la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de veinticinco de noviembre.Por lo general, los extranjeros que pueden pedir la autorización de residencia permanente son aquellos que hayan residido legal y durante los último 5 años. Existen además de esto una serie de supuestos concretos en los que puede concederse la autorización de vivienda permanente:
    • Los extranjeros residentes que tengan derecho la prestación de una pensión contributiva de jubilación por la parte de la Seguridad Social de España, o una pensión por incapacidad permanente absoluta o invalidez.
    • Los nacidos en España que acrediten haber residido legalmente en España a lo largo de los 3 años de manera inmediata precedentes a la mayor parte de edad.
    • Los extranjeros que hayan estado bajo la tutela de una entidad pública de España a lo largo de los 5 años precedentes a la mayor parte de edad.
    • Los españoles de origen que hayan perdido la nacionalidad de España.
    • Los apátridas o bien asilados reconocidos por España y que se hallen en territorio de España.
    • Los extranjeros que hayan contribuido de forma concida al progreso económico, científico o bien cultural de España, o bien a la proyección de España en el exterior. La autorización en un caso así se concederá por el Ministro de Trabajo y Temas Sociales, anterior informe del Ministro del Interior.

 

Régimen especial de estudiantes para extranjeros

Los motivos para este permiso es estudiar o ampliar estudios, así como trabajos de investigación o practicas no retibuidas. Los estudiantes no van a poder efectuar actividades económicas, salvo aquellas para las que se les autorice de manera expresa, que habrán de ser compatibles con los estudios y no tener como objeto conseguir recursos precisos para la estancia.

La duración de la autorización de estancia para estudiantes es la del curso el tiempo que se estime para una investigación, con un máximo de un año, renovable siempre y cuando el estudiante acredite el aprovechamiento académico. La autorización se otorga a través de el visado, que suma de esta forma a su función de capacitar para la entrada en España la de permitir la presencia en territorio nacional.

La petición debe presentarse por el estudiante en la oficina consular de su país de origen o bien, si se trata de un menor, por sus progenitores o bien tutores o bien un representante adecuadamente acreditado. Debe acreditarse la admisión en un centro enseñante o bien científico, público o bien privado oficialmente reconocido, aparte de la posesión de medios de tipo económico suficientes para costearse los estudios, estancia y regreso al país de origen.

 

Infracciones y régimen sancionador en la ley de extranjería

Estas las podemos estudiar en la Ley Orgánica 4/2000 y su Reglamento de desarrollo, como en el Título IX de la Ley 30/1992.

Infracciones

Estan sujetos a dichas infrancciones las personas físicas o jurídicas, sin importar su nacionalidad, Las infracciones se clasifican en leves, graves o bien muy graves.

 

Infracciones leves

Se consideran leves omitir o retrasar las comunicaciones que son oblicadas como elcambio de nacionalidad, estado civil, domicilio o situación laboral del extranjero; el retraso de hasta 3 meses en la petición de renovación de autorizaciones. Estas infracciones se castigan con multa de hasta quinientos euros.

 

Infracciones graves

La estancia irregular en España, bien por no haber conseguido la autorización, no haber pedido la prórroga de exactamente la misma o por haberse rechazado esta.
Estar trabajando en España sin la pertinente autorización de vivienda y trabajo.
No poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio.
El incumplimiento de las medidas impuestas con motivo de seguridad pública de presentación periódica o bien de distanciamiento de fronteras o bien núcleos de población ciertos.
Participar en actividades contra el orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de veintiuno de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Las salidas del territorio de España por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista.
Las infracciones graves se sancionan con multa de quinientos uno a diez euros, intercambiable por la expulsión del extranjero del territorio nacional para las 5 primeras infracciones catalogadas arriba.

 

Infracciones muy graves

Se sancionan con multa de diez un euro y hasta los cien mil euros, intercambiable para infractores extranjeros por la expulsión del territorio nacional.

  • Actividades en contra de la seguridad exterior de España
  • La realización de conductas discriminatorias
  • El transporte ilegal de personas no nacionales por parte de los transportistas, el incumplimiento de la obligación de estos de revisar la valía y vigencia de la documentación de los extranjeros, como de hacerse cargo del extranjero no autorizado a entrar en España
  • La comisión de una tercera infracción grave en el plazo de un año
  • Realizar contrataciones de personal extranjeros que no cuenten con el debido permiso de trabajo: en un caso así se impone una multa por cada trabajador en situación irregular que se contratase.
  • Participación en inmigración clandestina

Expulsión de extranjeros

La Ley prevé las penas de multa, decomiso, clausura de locales y establecimientos. Además de esto establece en ciertos supuestos, como sanción sustitutiva de la multa, y solo para el caso de extranjeros, la expulsión y prohibición de entrada en el territorio de España por un plazo de tres a diez años.

En estos casos, la expulsión puede acordarse para sanciones muy graves y para las graves que de manera expresa establece la ley. Debido a que muchos de los extranjeros a los que se impone la multa están en situación irregular, el cobro de dicha multa presenta un gran problema, por esta razón en la práctica se tiende a la expulsión.

La expulsión asimismo se prevé como medida sustitutiva de la pena de cárcel inferior a 6 años o bien cuando, siendo superior, el extranjero haya cumplido las 3 cuartas unas partes de la condena.

 

También te puede interesar estos artículos relacionados

– Espacio Schengen

– Visado de residencia para emprendedores extranjeros

 

En Navarroyabogaos.com somos abogados expertos en extranjeria, los mejores de Gran Canarias.
Podemos asesorarte en todo lo que necesites.